Si bien, lo más frecuente en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social es delinquir contra el fisco español, el legislador prevé la posibilidad de que la actividad delictiva se cometa frente a un órgano mayor, la Unión Europea.
En este sentido, el Código Penal dedica un precepto al delito de fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea.
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Este delito está previsto en el artículo 306 del Código Penal. Castiga a quien, por acción u omisión, defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, en las siguientes modalidades:
Se trata de delitos de resultado, exigiendo un perjuicio a la administración tributaria, por encima de cierta cantidad. Por debajo, será una infracción administrativa.
El sujeto activo será el deudor tributario, cabiendo la posibilidad de extenderse la culpa a otros participantes como asesores fiscales. El sujeto pasivo, es la Hacienda de la Unión Europea.
Son delitos que pueden cometerse por acción u omisión. Se exige el dolo, la conciencia de estar cometiendo un delito, por lo que no cabe la imprudencia en este tipo penal.
A diferencia del artículo 305 en su apartado 3, que determina la cantidad en 100.000 euros, en el delito de fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea la cantidad a partir de la que se considera delito es menor: 50.000 euros.
El párrafo segundo del artículo contempla un tipo atenuado, si supera los 4.000 euros pero no llega a 50.000, que veremos en lo relativo a la penalidad del delito.
La pena básica prevista, es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Como mencionábamos, el párrafo segundo introduce un tipo atenuado si la cuantía excede de 4.000 euros pero es inferior a 50.000: la pena será de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la cuantía defraudada, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
Hemos de acudir al artículo 131: “Los delitos prescriben: (…) A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. A los cinco, los demás delitos”.
Por tanto, al tratarse de penas que no superan los cinco años de prisión, habrán prescrito en el plazo de cinco años.
Dentro del grupo de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el delito de fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea requiere una atención especial, debiendo prestarse especial atención a toda la documentación que pueda haber al respecto.
Al ser un delito que guarda relación con otros ámbitos, como el Derecho Fiscal y Tributario, es importante tener el asesoramiento de los mejores especialistas.
En Toro Pujol Abogados te podemos garantizar la mejor defensa en delitos de fraude a los presupuestos de la UE.
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