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El despido disciplinario es la medida más grave que puede tomar un empresario frente a un trabajador tras unos hechos cometidos por éste. Por eso, para defenderse en esos momentos, la mejor ayuda es la de un abogado de despidos, para impugnar la decisión del empresario y garantizar que se respeten los derechos del trabajador.
Trabajamos de forma muy organizada, bajo un sistema que siempre da buenos resultados: primera visita gratuita para analizar la viabilidad, negociación con la otra parte, y si no es posible el acuerdo, vamos a por todas en el juicio.
Análisis detallado de las circunstancias del despido para determinar la viabilidad de una impugnación o reclamación. Sin compromiso.
Asistencia en la preparación y presentación tanto en la papeleta de conciliación, como en la negociación con la empresa.
Representación y defensa en todas las etapas del procedimiento judicial, ante los tribunales de la jurisdicción laboral.
No todos los despidos disciplinarios están justificados. En muchos casos, los empleadores pueden tomar decisiones precipitadas o basadas en información incompleta o sesgada. La intervención de un abogado especializado en despidos disciplinarios es fundamental en estos casos. Este profesional puede evaluar la situación de manera objetiva, revisar la documentación y determinar si el despido está justificado.
En muchos casos, los empleadores pueden tomar decisiones precipitadas o basadas en información incompleta o sesgada
En muchos casos, se descubren irregularidades en el proceso de despido o se encuentra que el empleador no ha seguido los procedimientos adecuados. Por ello, para no violar los derechos de ningún trabajador ni echar a nadie injustamente, los abogados de despido se dejan todo en defensa de sus clientes.
En este proceso, contar con la experiencia y especialización de profesionales en derecho laboral es fundamental para garantizar una defensa efectiva de tus derechos como trabajador. No dudes en buscar el apoyo de nuestros expertos en la materia, quienes estarán comprometidos en velar por tus intereses y guiarte en cada paso en la búsqueda de una solución justa y equitativa.
El despido disciplinario, al ser consecuencia de un incumplimiento laboral por parte del trabajador, normalmente no da lugar a una indemnización, aunque sí tiene derecho a recibir su finiquito. En caso de que el trabajador decida impugnar el despido mediante una demanda, el resultado puede variar: el despido puede ser considerado procedente, improcedente o nulo.
El empresario tiene la obligación de comunicar por escrito al trabajador el despido disciplinario, redactando la notificación con claridad para que el trabajador esté al tanto de las causas que lo motivan. Esto implica incluir los hechos que lo han provocado, las normas transgredidas y la fecha en que el despido surte efecto. La comunicación será considerada fehaciente si se realiza a través de burofax, telegrama o mediante un conducto notarial. Alternativamente, la notificación puede ser entregada personalmente al trabajador, quien deberá firmarla para su confirmación.
El finiquito por despido disciplinario se calcula teniendo en cuenta varios elementos. Primero, se consideran los días trabajados y cotizados en el mes del despido o del cese por fin de contrato temporal. Además, se incluyen las vacaciones generadas y no disfrutadas, así como la parte proporcional de las pagas extras correspondientes. Estos componentes forman la base para determinar el monto total del finiquito.
Si la razón argumentada para el despido no está explícitamente contemplada en la legislación, o si su existencia no puede ser probada durante un proceso de impugnación, o si no se cumplen los requisitos legales necesarios, entonces el despido se considerará como improcedente.
Un despido es considerado nulo cuando se fundamenta en discriminaciones que están explícitamente prohibidas por la Constitución o las leyes vigentes. Además, puede ser declarado nulo si resulta de la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas del trabajador. Por ejemplo, si el despido se realiza debido a la raza, género, religión o cualquier otra característica protegida por la ley, o si se produce como represalia por ejercer derechos laborales básicos como el derecho a la libertad de expresión o la afiliación sindical, entonces se consideraría nulo. En tales casos, el trabajador afectado tendría derecho a ser reintegrado en su puesto de trabajo y a recibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos debido al despido injusto.
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