Incapacitar a una persona implica declarar legalmente que alguien no puede gestionar sus propios asuntos debido a una enfermedad mental, discapacidad intelectual o deterioro físico. Esta medida, aunque a menudo necesaria para proteger a la persona y garantizar su bienestar, tiene importantes repercusiones legales y sociales. Desde un punto de vista legal, se nombra a un tutor o curador que tome decisiones en su nombre, lo que involucra complejos procedimientos judiciales y evaluaciones médicas. Y aunque se busca salvaguardar los derechos del individuo, se abren debates éticos sobre la autonomía y la dignidad, destacando la necesidad de equilibrio entre protección y respeto a la persona afectada. En este artículo abordaremos todos estos aspectos.
Desventajas Legales
Considerando que estas personas, a raíz de sus limitaciones, se ven privadas de la capacidad necesaria para tomar decisiones en aspectos personales y financieros, la ley presenta el procedimiento de incapacitación como una medida que, si bien busca proteger los intereses del incapacitado, conlleva consigo posibles desventajas.
Pérdida de autonomía legal
A diferencia de la capacidad jurídica, que es innata a la persona y se adquiere por el mero hecho de nacer, ser incapacitado implica perder todo o parte de la capacidad de obrar, y con ello, la autonomía legal. Perder la capacidad de obrar implica una serie de consecuencias significativas en la vida diaria y en la toma de decisiones de una persona.
Este es el aspecto más importante ya que es el que más afecta al individuo, en todas las esferas de la vida:
- Autonomía personal
- Cuestiones financieras
- Administrar su propio patrimonio
- Tomar decisiones médicas
- Asuntos laborales
- Aspectos educativos
Complicaciones Judiciales
Incapacitar a una persona conlleva un proceso judicial que culmina con una sentencia. Esta resolución define los alcances y restricciones de la incapacidad, y el régimen de tutela o guarda, incluyendo la posible necesidad de internamiento.
El proceso para establecer la extensión y alcance de la capacidad requiere la presentación de pruebas sólidas que demuestren la incapacidad de la persona para gestionar sus asuntos. Es decir, hay que acreditarlo. La evaluación de estas pruebas determina el régimen aplicable para la persona incapacitada. Sin embargo, este proceso puede acarrear complicaciones judiciales, especialmente si no se cuenta con evidencia suficiente o si surgen disputas sobre el grado de incapacidad o el régimen de tutela adecuado.
Desventajas psicológicas y emocionales
Cuando hablamos de incapacitar a alguien, no solo estamos tratando con cuestiones legales, sino que también nos adentramos en un terreno emocionalmente complejo. Perder el control sobre tu vida, y ver cómo tus decisiones son tomadas por otros es difícil de llevar.
Impacto en la autoestima y dignidad
El proceso puede percibirse como un juicio a la capacidad para cuidar de sí mismo, lo que puede afectar profundamente su sentido de dignidad y autorrespeto. Arrebatar la autonomía que tanto se valora, dejando a la persona vulnerable y cuestionando su propio valor, influye en los sentimientos del incapacitado, y es una cuestión que hay que cuidar y tratar con tacto.
Estrés y ansiedad
El proceso de incapacitación puede sumir a una persona en una dinámica de estrés y ansiedad. Tener que enfrentarse a la posibilidad de que las decisiones y libertades sean arrebatadas, hace que el incapacitado esté en un constante estado de alerta, sin saber qué le deparará el futuro.
Cada trámite legal, cada audiencia, se convierte en un vaivén emocional, alimentando el temor y la incertidumbre. El estrés puede manifestarse físicamente, con insomnio, dolores de cabeza o malestar estomacal, mientras que la ansiedad mantiene en vilo, preocupado por lo que está por venir.
Desventajas Sociales
La incapacitación puede llevar a una serie de desventajas sociales debido a las limitaciones físicas, mentales o emocionales que impone en la vida de una persona. Sin ir más lejos, el acceso limitado a servicios y recursos por sí mismo, o el aislamiento social, especialmente si no hay apoyo adecuado de la familia, amigos o comunidad.
Estigmatización y discriminación
La estigmatización social de las personas con discapacidad puede surgir de diversas formas debido a percepciones erróneas, actitudes negativas y prejuicios arraigados en la sociedad. Así, las personas con discapacidad a menudo son percibidas como menos competentes o capaces debido a estereotipos y prejuicios sobre sus habilidades. Existe una tendencia cultural a asociar la discapacidad con la debilidad o inferioridad, algo contra lo que hay que luchar.
Aislamiento Social
Es un problema, ya que el aislamiento es involuntario, y la persona puede sentirse excluida de eventos y actividades debido a la falta de accesibilidad. Pero es que además, algunas discapacidades pueden dificultar la comunicación efectiva, lo que puede dificultar el establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales. Sobra decir que esto también es algo a erradicar.
Desventajas Económicas
Este es una de las principales dificultades, porque la persona pierde su capacidad para regirse económicamente, y para manejar su patrimonio.
Dependencia económica e impacto en la independencia financiera
Las personas con discapacidad se encuentran con barreras para encontrar empleo debido a prejuicios, estigmatización o falta de accesibilidad en el lugar de trabajo. Incluso si una persona con discapacidad encuentra empleo, es posible que gane menos que sus colegas sin discapacidad debido a limitaciones en las habilidades laborales o a la necesidad de ajustes razonables en el trabajo.
Riesgos de abuso financiero
Es algo que ocurre, y no podemos mirar para otro lado. No es común, pero a veces, los cuidadores, familiares u otros individuos con acceso, manipulan cuentas, sacan dinero o hacen uso indebido de las tarjetas. Por no hablar de engaños telefónicos, correos electrónicos fraudulentos, o ventas engañosas.
Conclusión: perspectivas éticas
El debate sobre la autonomía personal desde una perspectiva ética es complejo y abarca una amplia gama de cuestiones relacionadas con la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus propias vidas y el grado de control que deberían tener sobre ellas. Lo más importante es el respeto por los deseos y valores de la persona incapacitada. Siempre que sea posible, se debe intentar mantener la autonomía y el control de la vida de la persona en la medida de lo posible, respetando sus preferencias y deseos expresados antes, incluso si actualmente no puede expresarlos.
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