Con la crisis económica, agravada por la situación económica real derivada de los cierres por el Coronavirus, los delitos económicos se han incrementado, en especial las insolvencias punibles. Tienen relación con el alzamiento de bienes, y en ocasiones pueden llevar a confusión, pero como veremos a continuación tiene sus características propias que le definen.
El delito de insolvencia punible se refiere a una situación en la que una persona que se encuentra en una situación de insolvencia o de dificultad financiera intencionalmente oculta o disminuye sus bienes para evitar pagar sus deudas. Este delito se produce cuando alguien oculta, transfiere o malversa sus bienes para impedir que sean utilizados para pagar a sus acreedores.
Contemplado en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal, dentro del Capítulo VII bis, se dirige a proteger el derecho de los acreedores, para que puedan ver satisfecho su derecho de crédito frente al deudor.
Bajo esta definición, parece ajustarse también en el concepto de alzamiento de bienes, pero se diferencia de éste en que exige que se haya admitido a trámite la solicitud del concurso de acreedores. Es preciso el dolo, la intención consciente y voluntaria de empeorar o agravar la situación de concurso.
La ley expone una enumeración de las conductas que dan lugar a este delito:
Con la creación de este delito, se protege el patrimonio del acreedor, en el que el sujeto activo es el deudor, siendo necesario el dolo: la conciencia y voluntad de perjudicar el concurso propio en perjuicio de terceros.
En el tipo básico, pena es de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
Existe un tipo agravado, que castiga con prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, si se da alguna de las siguientes circunstancias:
Acudiendo al artículo 131 del Código Penal, sobre prescripción, vemos que los delitos castigados con penas inferiores a cinco años de prisión, prescribirán a los cinco años. En cambio, la versión agravada, con hasta seis años de cárcel, prescribirá a los diez años.
Como es natural, cualquiera que esté afectado por un delito de insolvencia punible se encuentra en una situación complicada. Es necesario tener los conocimientos necesarios dentro del ámbito penal, pero este delito guarda una estrecha relación con los concursos y por tanto con el Derecho Mercantil.
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