Las fracturas son lesiones óseas que ocurren cuando un hueso se rompe o se fisura debido a la aplicación de una fuerza excesiva. Estas fuerzas pueden ser resultado de impactos directos, caídas, accidentes de tráfico o traumatismos en el lugar de trabajo.
También pueden presentarse de forma espontánea, especialmente en personas con huesos debilitados por enfermedades como la osteoporosis. Existen distintos tipos de fracturas: completas (cuando el hueso se rompe en dos o más partes), incompletas (cuando hay solo una fisura o una parte del hueso rota) y por desplazamiento (cuando los fragmentos del hueso se separan y quedan fuera de su alineación normal).
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En el ámbito laboral, estas secuelas pueden llevar a limitaciones significativas. Por ejemplo, una fractura en la columna o en los miembros inferiores puede restringir la movilidad o la capacidad de soportar peso, lo que representa un problema para quienes desempeñan trabajos físicos.
Del mismo modo, fracturas en manos o brazos pueden comprometer la precisión o fuerza necesaria para manipular herramientas. Si estas limitaciones persisten a pesar de la recuperación, el trabajador puede optar a solicitar una incapacidad permanente.
Las fracturas pueden causar secuelas significativas en el ámbito laboral, afectando la capacidad de desempeño y la calidad de vida del trabajador. Según la gravedad, pueden clasificarse en varios grados de incapacidad laboral.
Este grado de incapacidad supone una disminución del 33% en la capacidad del trabajador para realizar las funciones propias de su puesto habitual. A pesar de la lesión, la persona puede seguir trabajando, aunque con limitaciones.
Este grado de incapacidad implica que la fractura ha provocado un impedimento para continuar en la actividad laboral habitual. Aunque el trabajador no puede seguir en su profesión, podría realizar otras tareas compatibles.
Dirigida a personas mayores de 55 años, este grado añade un incremento del 20% en la pensión para aquellos que, debido a la fractura, enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo en otra profesión.
Cuando la fractura limita la capacidad para realizar cualquier tipo de actividad laboral, el trabajador podría acceder a una incapacidad absoluta. Este grado permite percibir una pensión completa sin condiciones de trabajo.
En los casos más graves, cuando la fractura impide la autonomía personal, se otorga la gran invalidez. Esta categoría contempla la necesidad de asistencia para realizar actividades esenciales de la vida diaria.
Este procedimiento exige varios pasos clave que deben completarse con precisión para presentar una solicitud sólida.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene un plazo de hasta 135 días para responder a las solicitudes de incapacidad. Si no responde dentro de ese tiempo, se considera automáticamente que la solicitud ha sido rechazada. Esto se conoce como “silencio administrativo”.
En caso de denegación automática, el solicitante tiene 30 días hábiles para presentar una “reclamación previa”, que es una solicitud para que el INSS revise su decisión. Si el INSS también rechaza esta reclamación, el solicitante tiene otros 30 días hábiles para llevar su caso a los tribunales, presentando una demanda judicial en los Juzgados de lo Social.
La evaluación de fracturas en el contexto laboral considera el impacto de la lesión en la capacidad funcional del trabajador. Dependiendo de la gravedad, ubicación y tiempo de recuperación, puede ser necesario evaluar la incapacidad permanente.
En esta fase, se valoran aspectos como la movilidad, fuerza y estabilidad de la zona afectada por la fractura. La evaluación funcional permite determinar si el trabajador puede retomar sus actividades sin limitaciones significativas o con restricciones.
El Tribunal Médico analiza el informe médico y funcional del trabajador, considerando la gravedad de la fractura y su recuperación. Este organismo emite una valoración que determina si la fractura justifica el reconocimiento de una incapacidad permanente.
El equipo médico recomienda tratamientos, ejercicios de rehabilitación y medidas preventivas para evitar empeoramiento de la fractura. También se indican ajustes en el entorno laboral que puedan facilitar el regreso del trabajador con seguridad.
El tiempo de baja por una fractura dependerá de varios factores, como la ubicación y la gravedad de la misma, la edad y la salud general del paciente, y el tipo de trabajo o actividad que realiza.
En general, una fractura que requiere cirugía y fijación con placas o tornillos puede precisar una baja laboral de varias semanas o de varios meses, mientras que una fractura que se cura con una férula o un yeso puede necesitar un tiempo de curación menor.
Es importante seguir las recomendaciones del médico tratante y permitir que la fractura sane completamente antes de volver a realizar actividades físicas o trabajar. El facultativo puede hacer un seguimiento regular de la fractura y realizar pruebas para determinar cuándo es seguro para el paciente volver a la actividad habitual.
No obstante, en ocasiones, las bajas son de larga duración y pueden desembocar en una incapacidad permanente.
Se requiere un historial médico detallado que incluya radiografías, resonancias, y evaluaciones de especialistas en traumatología. Estos documentos son fundamentales para sustentar el impacto de la fractura en la capacidad laboral del solicitante.
Es importante contar con abogados especializados en incapacidades que orienten sobre el proceso de solicitud y reclamos en caso de denegación. Un abogado experto facilita la defensa de los derechos del trabajador afectado.
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Los casos previos de fracturas laborales reconocidas como incapacidad permanente pueden servir como referencia. Estos ejemplos ayudan a argumentar cómo situaciones similares justificaron el reconocimiento de incapacidad en el pasado.
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